(Publicado por Artículo 7)
Luego de responsabilizarlos de cualquier otra agresión física o moral que sufran ellos o sus familias, dirigentes de, al menos, una decena de agrupaciones civiles independientes en Yucatán exigieron a la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco y al Procurador de Justicia del Estado, Héctor Cabrera Rivero, que den marcha atrás a la "política de hostigamiento, amedrentamiento y amenazas" que se ha desatado en su contra por encabezar una protesta en contra del alza de tarifas en el transporte urbano el pasado miércoles 16.
Anticiparon que el caso ya fue turnado a diputados federales que harán el debido planteamiento en el Congreso de la Unión en los próximos días. También han acudido a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a denunciar lo que calificaron como un atropello a sus libertades y derechos constitucionales.
Recordaron que ese día (miércoles 16), luego del desfile, los quejosos –organizados en brigadas– empezaron a confluir a la Plaza Grande por distinas calles, repartiendo volantes contra el alza, pero fueron interceptados por gente que vestía como agentes judiciales, quienes los reprimieron, despojándolos de unos 6 mil de los 10 mil documentos que llevaban, así como de las pancartas que portaban.
Lograron llegar al parque principal donde dieron un mitin y durante el cual fueron abiertamente provocados y amenazados por otro grupo de personas que, al parecer, no eran agentes de ninguna dependencia policíaca, pero que contaron con el apoyo de policías. Al terminar el evento, un grupo de agresores siguió hasta el estacionamiento a un reportero gráfico (Pablo Vélez), quien los había fotografiado y lo agredieron, pero fue rescatado gracias al aviso oportuno de la gente.
La Policía Municipal detuvo a tres agresores, quienes fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales, pero poco después salieron libres luego de pagar una multa de $3,000 cada uno.
Dirigentes de 10 agrupaciones civiles independientes pidieron a la gobernadora que cese la política de hostigamiento, amedrentamiento y persecución contra su movimiento
El pasado viernes, el Profr. Juan Alberto Bermejo, de la Convención Nacional Democrática, Maestra Adelaida Solís Salazar, de la Red de Mujeres, Patricia Solís Reyes, del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del Estado, Maestro Rodrigo Mendoza Martínez, del Foro por la Defensa de Nuestros Ecosistemas Peninsulares, Mauricio Macosay Vallado, del Colectivo Rebelde, Dr. Osvaldo Novelo Torres, del Sindicato Independiente de Salud, Tonatiuh Villanueva Caltempa, de la CIOAC, así como Juan Iván Cruz Tut, Daniel Gaspar Chi Caballero, Fausto Sánchez López y Jesús Gala Pacheco, de la Red Nacional de Jóvenes, entre otros. Todos ellos ofrecieron una rueda de prensa para fijar su postura ante los hechos ocurridos esta semana.
–El gobierno del Estado es responsable de la agresión, por acción u omisión –dijo Villanueva Caltempa– porque si el autor intelectual está en el gobierno quiere decir que fue ordenada desde ahí y si no fue así, entonces permitieron que los agresores llegaran hasta nosotros.
–Al día siguiente del desfile -agregó- continuaron las agresiones porque prácticamente todos nosotros hemos sido seguidos y fotografiados... "No sabemos quién es cómplice de quién, si los dueños de camiones del gobierno o éste de los empresarios del transporte".
Por su parte, Macosay Vallado dijo que les preocupa la actitud que han asumido las autoridades en los últimos días porque estando obligadas a cumplir y hacer cumplir las leyes, las están violando.
–No se consultó a nadie para suspender el subsidio que se le daba a los permisionarios y además se les autorizó un aumento de 20% a las tarifas del transporte urbano.
Al igual que otros de los quejosos, explicó que esto es un problema eminentemente político porque el gobierno del Estado no autorizó el alza a las tarifas antes de las elecciones del pasado 5 de julio, sino que esperó hacerlo inmediatamente después de los comicios, apostándole a que las aguas se calmen para cuando llegue el siguiente proceso electoral de 2010.
Macosay Vallado también dijo que resulta grave que el gobierno del Estado utilice la oficina de inteligencia estatal denominada C4 para robar volantes, amedrentar, amenazar y perseguir a la gente.
Destacó que dicha acción constituye una violación a la libre manifestación de las ideas y recordó a las autoridades que la represión y las amenazas son un delito tipificado en el Código Penal, por lo que debe aplicarse todo el peso de la ley.
–Queremos saber quiénes fueron los autores intelectuales de la agresión: si fue el secretario de Gobierno, el Procurador o el coordinador de esa oficina fantasmagórica, ilegal y anticonstitucional que es el C4... Los policías vestidos de civil son anticonstitucionales y más cuando se utilizan para amenazar, hostigar y amdrentar -afirmó.
Advirtió que no tienen miedo a las represalias del gobierno y que continuarán con las protestas hasta que sean escuchados. Anticipó que el próximo martes 29 harán un evento como parte de la Jornada Nacional de Lucha.
El Profr. Juan Alberto Bermejo mencionó que uno de los principales agresores fue una persona de apellido Chalé Martínez, hermano del "Negro" Chalé.
–Si el gobierno está reclutando a drogadictos y este tipo de personas, pues no puede haber respeto -agregó.
Los quejosos lamentaron que las autoridades ministeriales hayan puesto en libertad a los detenidos a pesar de que dieron positivo a mariguana, profirieron amenazas de muerte, agredieron y cometieron daños en pandilla.
Juan Iván Cruz aclaró que no sólo manifestaron su inconformidad contra el alza del transporte, sino que también han presentado propuestas de solución, pero el gobierno y los permisionarios no los han tomado en cuenta.
Villanueva Caltempa señaló que no sólo es el asunto de las tarifas, sino que el servicio de transporte debe mejorar porque mujeres han sido atropelladas, los estudiantes son ignorados por los camioneros que no les dan parada ni les respetan sus credenciales aunque tengan el uniforme, y a los discapacitados no les dan parada.
Reiteró que el gobierno está molesto porque no quiere que se haga ruido por lo del alza del transporte, pues no pensaron que las organizaciones civiles se unieran por una causa común, pero irón a las colonias para seguir informando a la gente.
Por último, dijo que los transportistas no son dueños de las concesiones, sino que éstas las otorga el gobierno, que se debe al pueblo. Si los transportistas no pueden, que regresen las concesiones y habrá empresarios comprometidos con la sociedad que sí puedan dar un servicio eficiente y tengan ganancias.
Por el bien de todos, primero los pobres.
